México
¿Qué es el proyecto “Kuni? El complejo turístico que amenaza emblemáticas playas de BCS
Este megaproyecto inmobiliario y turístico amenaza con privatizar 18 kilómetros de playas públicas, afecta el uso de estos espacios que han sido históricamente
FOTO: Luz Noticias.
El proyectoKuni, promovido por la empresa Maravia, ha desatado una creciente preocupación entre los habitantes de La Paz, Baja California Sur, por sus potenciales impactos en el acceso a las playas y la vida local.
Este megaproyecto inmobiliario y turístico amenaza con privatizar 18 kilómetros de playas públicas, afectando el uso de estos espacios que han sido históricamente disfrutados por la comunidad local.
Kuni se extiende a lo largo de una superficie de mil 658 hectáreas, desde la emblemática playa El Tecolote hasta Puerto Mexía, una región que incluye ocho playas frecuentadas por los paceños:
- Las Pilitas
- El Pulguero
- Punta Galeras
- Punta Arranca Cabello
- Cachimba
- Punta Coyote
- Piedras Blancas
- Puerto Mexía. El proyecto contempla la construcción de 20 mil cuartos de hotel y más de 3 mil viviendas, una expansión que podría alterar significativamente la dinámica social y económica de la zona.
El desarrollo incluye una barrera de 9 kilómetros, lo que podría limitar o controlar el acceso público a las playas.
Solo existen dos caminos de acceso que conducen a estas áreas costeras, lo que eleva las alarmas sobre la posibilidad de que el megaproyecto afecte la libre entrada a espacios que han sido parte del patrimonio recreativo y cultural de los residentes.
Impactos sociales y ambientales
El mayor temor es que Kuni pueda privatizar el acceso a las playas, lo que representaría una violación a los derechos de los habitantes de La Paz a disfrutar de estos espacios públicos.
Organizaciones locales y nacionales, como BCSicletos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y el Center for Biological Diversity, han alzado la voz advirtiendo sobre las posibles consecuencias sociales.
Según un comunicado conjunto, este tipo de proyectos turístico-residenciales pueden transformar la estructura socioeconómica local, generando el aumento de precios de bienes y servicios y provocando el desplazamiento de comunidades al convertir estas zonas en exclusivas.
Además de las preocupaciones sociales, el proyecto ha suscitado dudas ambientales. Aunque la empresa Maravia ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la que asegura que los accesos a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) serán respetados, las organizaciones han señalado que esto no garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes.
Según el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz, los desarrollos cercanos a las playas deben mantener accesos amplios, entre 8 y 13 metros de ancho, cada kilómetro, en coordinación con el Ayuntamiento de La Paz y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Reacciones de la Comunidad
La posible implementación de Kuni ha generado conflictos sociales y una creciente oposición entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos preocupados por la privatización de las costas. La pérdida de playas públicas no solo afecta el acceso al esparcimiento, sino también el patrimonio natural de la región.
Cómo Vamos La Paz, una organización local, ha señalado que este tipo de megaproyectos tienden a beneficiar principalmente a sectores externos a la comunidad, mientras que los residentes enfrentan el riesgo de perder su acceso a los espacios recreativos que forman parte integral de su vida cotidiana.
Conclusión: Un Futuro Incierto para las Playas de BCS
El futuro de las playas de La Paz pende de un hilo ante la amenaza que supone el megaproyecto Kuni. Si bien la inversión en infraestructura turística puede traer consigo desarrollo económico, los riesgos de privatización y exclusión social que conlleva este proyecto han generado una fuerte resistencia.
Las playas emblemáticas de Baja California Sur, que representan un valioso patrimonio tanto para la comunidad como para el ecosistema, podrían quedar fuera del alcance de los ciudadanos si no se toman medidas adecuadas para garantizar el acceso público y la protección ambiental.
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