Sinaloa | Norte
Periodistas son amenazados por otros periodistas y no por el crimen organizado
El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa ha brindado 97 medidas de protección a periodistas.
FOTO: Temática.
Las amenazas de periodista a periodista encabezan las denuncias ante el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, seguido de las amenazas por servidores públicos y con menor proporción de la delincuencia organizada.
La Directora General del Instituto, Jhenny Judith Bernal Arellano, comentó que, contrario a lo que se piensa, las agresiones a periodistas no son del crimen organizado, vienen principalmente de otros periodistas, en donde destaca «la desintegración del gremio y la división».
Además, agregó que hay muchas denuncias de defensores contra defensores, de periodistas contra defensores y a la inversa, y otras de servidores públicos a periodistas, y otras en menor cantidad del crimen organizado.
Bernal Arellano detalló que el nivel de agresión a periodistas y defensores ha ido en aumento, y que Sinaloa es un estado en donde el ejercicio del periodismo es una labor de alto riesgo.
Explicó que tan solo el mes de mayo del 2023, recibieron 18 denuncias (medidas de protección), que van desde desacreditar a un periodista a través de medios sociales, hasta amenazas relacionadas con la seguridad y la integridad personal de las personas.
«Acumulado desde mayo del 2022 hasta mayo del 2023, hemos otorgado 97 medidas solo a periodistas, y 23 a defensores de derechos humanos. Los periodistas se agreden entre ellos mismos, es la mayor suma, seguido de servidores públicos, y le siguen amenazas de la delincuencia organizada. Y la verdad sí es triste porque uno qué más quisiera, pues, que el gremio periodístico esté unido, que sean compañeros, que sean solidarios entre ustedes, pero tenemos mucha división», aseveró Jhenny Judith Bernal Arellano.
Exhortó a quienes ellos acogen, a que confíen en el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues explicó que Sinaloa es el único estado con este tipo de órgano público autónomo, además de Veracruz, donde cuentan con la Comisión de Protección de Periodistas.
Agregó que, al ser autónomos, se garantiza libertad de gestión y que además la ley no pide que la víctima tenga denuncia ante Fiscalía para poder emitir una medida cautelar o de protección, contrario a un Ministerio Público y a una corporación municipal.
Con relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos, entre las que figuran Las Rastreadoras o integrantes de los diferentes colectivos de búsqueda, la directora mencionó que se trabaja de forma reactiva y preventiva, generando acciones para evitar agresiones.
Por lo que detalló que están en constante comunicación con los líderes de colectivos para encontrar medidas y mecanismos de carácter preventivo útiles en la labor de búsqueda que realicen.
Cabe mencionar que este día, el instituto firmó un convenio de colaboración para la protección de sus derechos humanos con la asociación civil Restauración de Ecosistemas A.C., presidida por Míriam Isela Gastélum García, quienes también han sido víctimas de amenazas por proteger el medioambiente.
Otros datos
- En mayo del 2022 se aprobó la Ley de Protección a Periodistas, y con esto se formó el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Tras la creación de la ley, el Instituto inició operaciones en agosto del 2022, pero hasta enero del 2023 iniciaron en oficinas.
- Entre los primeros afectados, a quienes les brindaron atención fue durante el Culiacanazo 2.0 en enero del 2023, en donde 9 periodistas fueron violentados, de los cuales, a 4 les repusieron su equipo de trabajo que les fue dañado durante la cobertura del hecho violento.
- Además del Fondo de Apoyo de Asistencia Social del Instituto de Protección, brindaron apoyo económico a 5 periodistas más, en materia de desplazamiento, a quienes tuvieron que exiliar del estado por cuestiones de su seguridad por amenazas de muerte del crimen organizado.
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