El 6 de abril SCJN discutirá sobre Planta de Fertilizantes de GPO

Después de años en tribunales, este próximo 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el tema de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquimica de Occidente (GPO) y lo relativo a la posible consulta indígena, que determina informar a las comunidades tradicionales los alcances del proyecto y los beneficios que traerá para su futuro desarrollo.

Luego de conocer la decisión de la Corte respecto a la fecha para revisar en el pleno el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente, el director general, Arturo Moya Hurtado, manifestó su beneplácito por esta determinación ya que, después de varios años de estar en tribunales, este tema podría ya destrabarse en el Poder Judicial.

«Lejos de afectarse al proyecto, se va a destrabar, y es algo que desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo: que se defina de una vez por todas el futuro de nuestro proyecto, si la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de que se realice la consulta indígena, la empresa está preparada porque desde hace por lo menos ocho años se han implementado las políticas sociales, que buscan mejorar las condiciones de los habitantes de las comunidades tradicionales», señaló.

Además, afirmó que el proyecto de la planta de fertilizantes no está en peligro, porque se han cumplido con todas y cada una de las normativas mexicanas e internacionales en materia medioambiental y con todo aquello que les ha exigido la Semarnat para garantizar que se cuide la flora y fauna de la bahía.

El tema será analizado por la Segunda Sala de la Corte sobre el amparo concedido en febrero de 2021 por un juez federal de Los Mochis en favor de la comunidad pesquera Mayo Yoreme de Lázaro Cárdenas, municipio de Ahome, y podría determinar que se realice la consulta a los pueblos indígenas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la planta de amoniaco en 2014, con ciertas condicionantes que ya se han solventado por la empresa GPO, filial del consorcio suizo Proman.

El proyecto del Ministro, Alberto Pérez Dayán, podría rechazar o declarar insuficientes los argumentos de Semarnat para defender su oficio de 2014, lo que obligaría a la dependencia federal a realizar la consulta indígena. 

De esta forma, la Semarnat tendrá que coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para celebrar una consulta con todas las comunidades indígenas dentro del área de influencia del proyecto.

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